Presentada la anterior denuncia en la OMIC, la persona que atiende (¡una sola mañana a la semana!) las reclamaciones nos informa de que, al tratarse de una empresa (una de las putadas que tienen que soportar las personas emprendedoras autónomas) Consumo no puede actuar y debemos poner una denuncia en los juzgados, pagando procuradores, abogados y con riesgo de tener que pagar costas.
En un esfuerzo sobrehumano de confianza en la administración, recurrimos a la Delegación Provincial del Ministerio de Telecomunicaciones (o como se llame). Nos atienden dos señores de forma ejemplar, facilitándonos información, atención y comprensión. Realizamos la denuncia en un modelo de escrito con la fecha a rectificar y espacio insuficiente para la queja:
Reclamación interpuesta en el Ministerio.
Ya con la reclamación en el bolsillo, sólo quedaba esperar a que la maquinaria de defensa de la ciudadanía contribuyente realizara su cometido e hiciera recular a VODAFONE en su prepotente y avasallador trato hacia alguien que sólo intenta sobrevivir en este bosque de hienas, buitres y otros depredadores que es España. Al menos, es lo que pensábamos a priori. Pero la ilusión inicial se fue diluyendo en el calendario mientras ORANGE nos lanzaba una ofensiva descarnada y brutal para cobrarnos unas penalizaciones ocasionadas por el mal servicio de cobertura que ofrece. Pero esta es otra guerra.
Al cabo de un año más o menos, seguimos con nuestros terminales de segunda mano, con nuestros problemas de cobertura y con un nuevo problema que se nos viene encima con VODAFONE al pasar una de las líneas de empresa a particular y, posteriormente, cambiar esa línea de operador. Es a raíz de esta segunda incidencia cuando llamo a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Granada, dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se me ocurre preguntar por la denuncia interpuesta hacía un año y me dan los datos de registro de salida de la misma para que llame a Madrid y pregunte allí, ya que de Granada salió el 25/2/2010 con destino a Madrid.
Lo que faltaba: el número para reclamar a las compañías de telefonía que abusan de nuestra paciencia y de nuestros bolsillos es el 901336699, o sea, un teléfono de tarificación especial del ministerio al que hay que pagar aunque tengamos todas las tarifas planas del mundo. Pues bien, llamamos, toman nota de la consulta, nos piden nuestros datos y un teléfono donde contactar y nos dicen que ya nos llamarán cuando sepan algo. Como suena. Una atención al ciudadano digna de cualquier compañía de telecomunicaciones.
Alucinamos cuando recibimos respuesta y comprobamos que nuestra reclamación ha dormido en un cajón ministerial durante todo un año sin que nadie le preste la más mínima atención hasta que nosotros preguntamos por ella. Ver las fechas y contrastar con la del registro de salida de nuestra denuncia. A nadie le da vergüenza de que esto ocurra y nadie nos ha llamado para darnos una explicación, a pesar de que somos contribuyentes que mantenemos el aparato estatal que, en este caso concreto, da muestras de una apatía digna de las mejores leyendas urbanas que sobre los funcionarios circulan por nuestras calles.
Carta del Ministerio informando que han recibido nuestra reclamación enviada un año antes.
A raíz de que el o la funcionario/a de turno hiciese su trabajo y llegase la reclamación a VODAFONE, se han puesto en contacto con nosotros cinco veces en dos día para tratar de solucionar un problema que ha dormitado en un cajón sin saber exactamente por qué. A los perjuicios causados por VODAFONE y su distribuidor autorizado GRANATEL, sumamos los producidos por la incompetencia o la negligencia del organismo que debe velar por el bienestar y la justicia de los ciudadanos que mantenemos dicho organismo con nuestros impuestos. Otra nueva reclamación que realizar.
